El Gobierno de la Ciudad acaba de anunciar la decisión de restringir la libre circulación de los adultos mayores de 70 años a partir del próximo Lunes 20 de Abril.

Esta medida obligará a las personas que estén por encima de ese umbral a solicitar un permiso especial para salir de sus hogares, salvo en los casos previamente contemplados por el DNU de la administración nacional, en que la salida sea exclusivamente para ir al médico, a vacunarse o a fin de cobrar los haberes.

Tamaña decisión ha despertado inmediatamente una fuerte polémica pública y plantea un dilema ético de primer orden.

Desde nuestro Estudio creemos que es necesario enfocar la cuestión desde una perspectiva de derechos. La crisis sanitaria que atravesamos obliga al Estado en sus distintas instancias, más allá de jurisdicciones y las orientaciones políticas de cada uno, a disponer de medidas excepcionales a fin de proteger la vida y la salud de sus ciudadanos/as en general, y de la población de riesgo en particular.

Pero la necesidad de salir progresivamente del aislamiento social obligatorio para reactivar la economía no puede hacerse a costa de las libertades y derechos básicos de algunos sectores.

En otras palabras, no nos parece éticamente aceptable que la condición para que una parte mayoritaria de la población argentina vuelva de a poco a la actividad normal sea el endurecimiento restrictivo de un derecho básico como es de la libertad de circulación para los adultos mayores.